Castillo advierte de que la “mala gestión” del PP se traducirá en un recorte de 3,2 millones en los próximos 6 meses “que padecerán los dependientes”
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha pedido esta mañana al equipo de Gobierno de la institución que actúe con diligencia y redacte “cuanto antes” el nuevo pliego de contratación del servicio de ayuda a domicilio, después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales haya declarado nulo el pliego aprobado por el equipo de Gobierno de la Diputación el pasado mes de abril. La diputada socialista ha advertido de que la incorporación de nuevos dependientes al sistema de ayuda a domicilio está “en riesgo” tras la anulación del pliego, ya que conlleva una reducción de 3,2 millones en el presupuesto que podrá manejar, durante los próximos seis meses, la empresa que ha venido prestando el servicio en los últimos cuatro años. Por este motivo, el PSOE ha instado al equipo de Gobierno que “corrija sus errores y redacte y apruebe un nuevo pliego conforme a la Ley en el mínimo tiempo posible”.
Según ha explicado Castillo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha estimado el recurso interpuesto por un tercero al proceso de contratación del servicio de ayuda a domicilio que presta la Diputación de Almería, tras haber constatado que el equipo de Gobierno había establecido en el pliego unos requisitos difíciles de cumplir por la mayoría de las empresas. Como ejemplos de esos “límites excesivos a la libre concurrencia” que habría puesto el equipo de Gobierno del PP, Castillo ha citado la obligación de “haber prestado el servicio en un número mínimo de 40 municipios menores de 1.000 habitantes en el mismo año” o la exigencia de una certificación de calidad específica, diferente a la que prevé la legislación. Además, el Tribunal también ha encontrado que se concedía al órgano de contratación la potestad de valorar las mejoras que presentaran las empresas, sin que esos criterios pudieran ser conocidos con antelación.
Como consecuencia de la “mala gestión” del equipo de Gobierno del PP y la consiguiente resolución del Tribunal, la Diputación tendrá que elaborar un nuevo pliego de condiciones y volver a realizar todo el proceso de adjudicación. Durante el tiempo que tarde, la empresa contratada actualmente para el servicio de ayuda a domicilio verá prorrogado su contrato por seis meses más, aunque “tendrá que prestar el servicio con una limitación importante de presupuesto”, según ha explicado la diputada provincial del PSOE.
Así, Castillo ha especificado que para los próximos dos años, estaba previsto que el servicio de ayuda a domicilio costara 40,5 millones de euros, “lo que supone un gasto aproximado al semestre de 10 millones”. Sin embargo, con la prórroga del contrato actual, la empresa recibirá en seis meses apenas 6,8 millones de euros, ya que las condiciones económicas son las que se aprobaron inicialmente y, por ley, no pueden modificarse.
“La mala gestión del PP se va a traducir en un recorte de 3,2 millones en el plazo de medio año, un recorte que padecerán los dependientes, ya que, en la práctica, no se van a poder incorporar todos los usuarios que necesiten ayuda a domicilio, sino sólo los casos de extrema urgencia”, ha explicado Castillo. La diputada ha calificado la situación que se va a dar en la provincia de “grave” y ha lamentado que el equipo de Gobierno de la Diputación, “con su actuación negligente, provoque que el servicio de ayuda a domicilio se vea resentido en nuestra provincia”.
En este punto, el portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio Lorenzo, ha asegurado que “en las comarcas ya se les está indicado incluso a los trabajadores sociales que sean muy estrictos con el reconocimiento de dependientes”.
Lorenzo también ha lamentado que esta situación se haya producido “pese a los avisos del PSOE”, que lleva meses pronunciándose en contra de “este modo de proceder, ya que lo ocurrido con el pliego del servicio de ayuda a domicilio es extrapolable a otros concursos, donde también se está dejando la valoración de las mejoras al criterio de la mesa de contratación”.
Recortes en dependencia
Además, el portavoz ha añadido que la decisión del equipo de Gobierno de “poner en riesgo” a los dependientes se produce “en un contexto a nivel nacional de ensañamiento contra el que ha sido considerado el cuarto pilar de nuestro estado del Bienestar, la Ley de la Dependencia, que el Gobierno central ha dejado de financiar en Andalucía con 500 millones de euros, casi 70 millones de los cuales habrían correspondido a la provincia de Almería”.
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