miércoles, 19 de febrero de 2014

El PSOE reprocha al PP que agrave el conflicto de Galasa y desprestigie la gestión de los Ayuntamientos



En un acto en Huércal-Overa, los socialistas se ofrecen para llegar a una solución que se ajuste a la ley y no vaya en contra de los ayuntamientos

El PSOE de Almería ha congregado hoy en Huércal-Overa a más de doscientos vecinos del Levante y el Almanzora para advertirles del “callejón sin salida” al que ha llevado el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial a los municipios que son accionistas de Galasa o tienen firmados convenios con esta empresa pública. El acto, organizado por la Secretaría de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, ha servido para poner encima de la mesa el “fracaso” del equipo de Gobierno de la Diputación en su intento de modificar los estatutos de la empresa pública, toda vez que el plazo que dio Galasa a los ayuntamientos para que ratificaran los nuevos estatutos se agotó el pasado día 14 de febrero, sin que ningún ayuntamiento, más allá de Taberno y Pulpí, haya dado su confirmación.

Los socialistas han instado al equipo de Gobierno del PP en la Diputación a que explique “qué piensan hacer con Galasa ahora que han fracasado por segunda vez en su intento de conseguir el sí de los ayuntamientos a los nuevos estatutos”. En este punto, los responsables del PSOE han explicado que ya en el mes de julio del año pasado la Diputación les dio un plazo a los ayuntamientos para que ratificaran la modificación de la normativa de Galasa, pero sólo consiguieron la aprobación de Taberno, Pulpí y Garrucha. En esta segunda ocasión, ni siquiera el Ayuntamiento de Garrucha ha querido “lanzarse a la piscina”, según admitió su alcalde.

El PSOE ha presentado en el acto de Huércal-Overa una revista digital en la que explican “la aberración” que pretende realizar el PP con Galasa y cómo las tarifas se verían incrementadas en hasta un 175% con los nuevos estatutos que “nadie quiere aprobar”. Además, también han presentado un modelo de moción, que los distintos grupos socialistas registrarán en todos los ayuntamientos afectados, y en la que se ofrecen a ser parte de una solución que se ajuste a la ley y no vaya en contra de los ayuntamientos ni de los intereses de los ciudadanos.

Según ha explicado la responsable de la Secretaría de Política Municipal e Institucional del PSOE, Adela Segura, los estatutos que la Diputación pretendía aprobar “incluyen condiciones abusivas para los ayuntamientos, como la obligación de ceder la competencia para fijar el precio del agua a Galasa, que establecería una tarifa unitaria, sin tener en cuenta las particularidades de cada municipio y sin realizar un estudio de costes, como marca la ley”.

Por otra parte, según los estatutos que no han salido adelante, los municipios no podrían firmar convenios de colaboración con Galasa, sino que tendrían que hacerse socios, recibir de la empresa pública la prestación del servicio del ciclo integral del agua y cederle sus instalaciones. Entrar como socio en Galasa supondría asumir una parte proporcional de la deuda de la empresa pública, que supera los 20,2 millones de euros. Se da la circunstancia, por otra parte, de que en ese ‘reparto proporcional’ de la deuda entre los municipios que pretendía realizar el Partido Popular quedaba excluida la Diputación Provincial, que posee el 51% de las acciones de Galasa.

Adela Segura ha lamentado que el PP en la Diputación “no sólo no ha solucionado el problema de Galasa, sino que lo ha agravado, dejando, además, en ridículo a los alcaldes del PP que forman parte de la Junta General de Accionistas de Galasa, quienes votaron a favor de los nuevos estatutos en la Junta General pero luego no han sido capaces de aprobar ese mismo texto en los plenos de sus ayuntamientos o incluso han votado en contra, como en el caso de Vera”.

Segura ha insistido en que el PSOE está dispuesto a “colaborar para encontrar una solución al problema de Galasa, siempre y cuando esa solución no vaya en contra de la autonomía local de los ayuntamientos, en contra de los intereses de los ciudadanos y en contra de lo que marca la normativa”.


Almería, 19 de febrero de 2014