El Gobierno de Diputación del PP se ve obligado a revocar en la Junta de Gobierno de hoy el acuerdo que aprobó en agosto de 2011 “de forma injusta”, en contra de una sentencia judicial “para dañar la imagen pública al anterior equipo de Gobierno socialista”
El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha exigido al presidente de la Diputación, Gabriel Amat, una rectificación pública, en representación de todo su equipo de Gobierno, “por linchar políticamente al anterior presidente de la institución supramunicipal, Juan Carlos Usero, declarando la lesividad de su nómina pese a que una sentencia judicial previa avalaba que era totalmente legal”.
La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Esperanza Pérez, ha explicado que “la Junta de Gobierno de hoy se ha visto obligada a revocar el acuerdo que adoptó en agosto de 2011 declarando la lesividad de las nóminas del expresidente socialista de la Diputación Provincial, Juan Carlos Usero, y del exdiputado provincial socialista Francisco Sánchez, junto a otros diputados provinciales y trabajadores eventuales durante el anterior mandato municipal”.
Tiempos judiciales
“El motivo de que la Junta de Gobierno de la Diputación tenga que revocar ese acuerdo anterior es que cuando lo adoptaron lo hicieron a sabiendas de que pesaba una sentencia judicial que reconocía la legalidad en el cobro de la Diputación de los trienios que como funcionarios de otras administraciones les correspondían al expresidente de la Diputación Provincial de Almería Juan Carlos Usero y al resto de afectados, tras solicitar una excedencia de sus puestos de origen”, ha aclarado Esperanza Pérez.
La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha asegurado que “el PP al frente de Diputación ha dilatado hasta dónde ha podido revocar en Junta de Gobierno su propio acuerdo y lo hace hoy, en medio de un puente, para intentar que este asunto pase desapercibido ante la opinión pública, para ello, además, no han convocado la habitual rueda de prensa sobre el contenido de la Junta de Gobierno”.
“El PP de Diputación se ha visto obligado a reconocer hoy en Junta de Gobierno la legalidad del cobro de los trienios de Juan Carlos Usero de la institución supramunicipal, del exdiputado socialista Francisco Sánchez y otros cargos públicos y trabajadores en excedencia de la Diputación durante el mandato 2007-2011”, ha resaltado la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial.
“Gabriel Amat, y sus diputados y diputadas, en Junta de Gobierno en agosto de 2011 declararon de forma injusta la lesividad de la nómina de Usero y de otros, para dañar la imagen pública al expresidente de la Diputación y con él, al anterior equipo de Gobierno provincial del PSOE, sabiendo que existía una sentencia contencioso-administrativa de julio de 2011 ante la consulta del exdiputado provincial de IU, Antonio Romero, que se encontraba en la misma situación que Usero en cuanto al cobro de trienios”, ha rememorado Esperanza Pérez.
Revocar el acuerdo de Junta de Gobierno
La diputada provincial ha señalado que “el equipo de Gobierno que preside Gabriel Amat utilizó la Institución como si fuera la sede del PP, para linchar políticamente a Juan Carlos Usero y con él a todo el equipo de Gobierno socialista durante el anterior mandato, argumentando para ello un supuesto cobro indebido de trienios en sus nóminas que sabían que a todas luces era totalmente legal”.
Esperanza Pérez ha lamentado que el Gobierno del PP en Diputación pusiera en marcha esta “sucia estrategia política contra el anterior Gobierno de la Diputación Provincial y que luego fuera dilatando en el tiempo aprobar el acuerdo de revocación en una maniobra políticamente calculada”.
“El actual Grupo Socialista de la Diputación Provincial le exige a Gabriel Amat y a su equipo de Gobierno que pidan disculpas a Juan Carlos Usero y hagan una rectificación pública, con la misma intensidad con la que acusaron a Usero injustamente, desde el respeto y la lealtad institucional que se presupone debe existir cuando se comenten errores de este tipo que atentan contra la honradez y honestidad personal de los afectados, además, que en todo momento actuaron según las normas y los criterios técnicos y jurídicos avalados por los propios funcionarios de la institución y por los tribunales de justicia”, ha concluido la portavoz socialista.
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