El PSOE exige al PP medidas concretas y poner fin al conflicto de las autoescuelas que sufren 600 familias de la provincia

Lorenzo defenderá en el pleno de Diputación una moción para unir a todos los grupos en la defensa de los examinadores, profesores y alumnos

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial elevará al próximo pleno una moción en defensa de las autoescuelas y de los examinadores de tráfico en la que insta al Gobierno del PP a ser diligente y solucionar un conflicto que se prolonga ya durante medio año y que afecta, en Almería, a 600 familias; además de a los examinadores y alumnado que está a la espera de obtener el carné para poder conducir o, más importante, para optar a un puesto de trabajo.

Los socialistas, según ha trasladado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, instan al Gobierno a que “con la mayor diligencia” resuelva el conflicto laboral de los examinadores, a que ponga en marcha medidas extraordinarias para poner al día los exámenes que se han dejado de hacer en seis meses,  a que aumente la plantilla de examinadores y a que cumpla el compromiso que adquirió con estos funcionarios en 2015, además de abrir una mesa de diálogo que acuerde medidas fiscales para analizar las pérdidas que ha sufrido el sector desde junio y que se valoran en torno al millón de euros, según datos de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería, Asproal.

En Almería, conviven 190 empresas dedicadas a la docencia y práctica de la Educación Vial. Se trata de pequeñas y medianas empresas “con pocos trabajadores y que, algunos, han tenido que despedir a gente” debido a la situación sobrevenida que les ha provocado una merma de beneficios. Además, como ha subrayado Lorenzo, esta situación perjudica también al alumnado ya que, no sólo no puede disponer de licencia para conducir, sino que “en muchos casos el carné se necesita para optar a un puesto de trabajo”.

Los motivos de la huelga de los examinadores son “justos” y cuentan con el apoyo de los socialistas, como ha trasladado Juan Antonio Lorenzo. Estos se basan, como han expuesto los afectados, en la reducción del número de funcionarios y en la reivindicación de un complemento específico basado en la singularidad y el riesgo que asume este colectivo. “Desde que entró el PP en el Gobierno central, la plantilla de examinadores en Andalucía se ha reducido un 20 por ciento” y esa “escasez” de funcionarios supone “un grave perjuicio al colectivo y a la ciudadanía” porque, además, según ha destacado Lorenzo, el Gobierno “está dejando de percibir 15 millones de euros en tasas de examen”.